Mano dura con la delincuencia promete el presidente José Antonio Kast. Con un acento en perseguir, capturar, juzgar, condenar y encarcelar "de manera implacable", según el mandatario, el programa de medidas apunta a recuperar el sitial de Chile como el país más seguro de América Latina.
La llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) contempla más de 30 proyectos de ley -algunos ya en tramitación- y una reforma a la Constitución. El gobierno espera que sean aprobados antes de fin de año.
Si bien Chile se mantiene entre los países más seguros de la región, en las últimas décadas ha experimentado un aumento de los crímenes violentos y la llegada de organizaciones criminales transnacionales. La creciente percepción de inseguridad de la ciudadanía fue uno de los ejes centrales de la campaña del presidente ultraderechista.
A cinco meses de asumir el gobierno, la estrategia de seguridad presentada contempla tipificar como delitos, con penas agravadas y sin atenuantes, la pertenencia a una organización criminal, la alteración del orden público con barricadas, el bloqueo de calles o el reclutamiento de niños para acciones delictuales.
También busca respaldar el derecho al uso de la fuerza en la acción policial y darle mayores facultades, crear una nómina de organizaciones criminales y prevenir la orquestación de acciones delictivas desde la cárcel. En materia migratoria, apunta a intensificar el control fronterizo y agilizar la expulsión de quienes ingresan irregularmente.
"Lo más relevante es poner la seguridad dentro de la prioridad del estado a través de un paquete robusto de más de 30 medidas que apuntan a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo" destaca en diálogo con DW Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello (UNAB).
Llevar más seguridad a las calles de Chile es uno de los objetivos del plan de seguridad del nuevo presidente chileno.Marvin Recinos/AFP
"Se reconoce que hay un problema importante. El temor fue un indicador de seguridad ciudadana bastante despreciado durante muchos años. Es una determinante importante en la calidad de vida y afecta particularmente a las personas más vulnerables", dice a DW Francisca Werth, directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile (UC).
"La mirada del gobierno del presidente Kast está vinculada al eje más conservador, muy intensivo en persecución, captura, castigo y mano dura. Hay un énfasis en medidas muy tradicionales, pero que no son suficientes. Uno echa de menos un énfasis en la prevención y reinserción", añade la abogada.
El acento en una mayor eficacia en el control de los delincuentes podría ser importante, señala a DW Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), "pero el riesgo es que las condiciones materiales para contener mayores detenciones hasta el momento no están dadas".
"Todo lo que dice relación con el fortalecimiento del sistema penitenciario son medidas correctas, y hacer una segregación efectiva entre presos de distinta peligrosidad", apunta Urquízar.
En opinión de Fuentes, el plan de seguridad de Kast se centra más en los efectos que en las causas de la inseguridad. Si bien podría generar una reducción de ciertos delitos en el corto plazo, esto no necesariamente persistiría a mediano plazo. "En la medida en que no se aborde integralmente el problema de la seguridad, muy probablemente las conductas delictivas van a adecuarse a estos nuevos contextos de mayor persecución y se podrían mantener algunos delitos, sobre todo los más violentos", alerta el politólogo.
Al respecto, observa que faltan anuncios que apunten a la raíz de los problemas sociales y de la delincuencia, como las políticas anti consumo de drogas, la prevención para frenar el ingreso a la carrera delictiva en la niñez y juventud, y alternativas para quienes cometen primeros delitos. Asimismo, el académico de la UDP considera fundamental fortalecer las policías, que hoy enfrentan deficiencia de personal.
Urquízar añade la importancia de robustecer la hoy débil inteligencia y contrainteligencia penitenciaria. "Una buena inteligencia penitenciaria permite detectar las redes criminales que operan en el interior y en relación con el exterior, y también a los funcionarios corrompidos y los amenazados".
La ACOT pasaría también por una reforma constitucional. Uno de los aspectos que despierta alerta para Urquízar es "la complejidad de seguir la tendencia latinoamericana de incorporar a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad interior, que desnaturaliza su función y tampoco ha dado los resultados esperados". En ese sentido, recomienda revisar una medida que podría "conllevar riesgos inherentes a una función que no es la de ellos".
Delitos de alto impacto como el ataque de un estudiante armado en Calama, el 27 de marzo de 2026, afectan gravemente la percepción de inseguridad en la ciudadanía chilena.Julian Valdes/AFP
Asimismo, afirma que plantear un nuevo estado de excepción vinculado a la seguridad pública es "innecesario, pues ya existe para ello el estado de emergencia. Las medidas que se quieren incorporar -como la posibilidad de interceptaciones telefónicas sin autorización judicial- son desproporcionadas".
La reforma introduciría el término de seguridad pública como deber del estado en la Constitución. "Este es uno de los ejes centrales. De una manera hábil, el gobierno propone poner este concepto también como un derecho", dice Werth. Esto obligaría a los tribunales a ponderarlo frente a derechos como la privacidad, la libertad o la vida y ver qué prima, lo que podría conducir a penas más duras.
La abogada observa que desde gobiernos anteriores se viene dando un "frenesí legislativo". Múltiples leyes y reformas han buscado limitar derechos y garantías, y aumentar penas y prisión preventiva, pero no han sido efectivas para controlar el crimen. "Entonces la pregunta es si se necesitan más leyes y más penas o esto falla por otro lado", cuestiona.
¿Busca el presidente Kast emular la estrategia de su par salvadoreño, Nayib Bukele? Werth considera que Chile está lejos: "es un modelo extremo en términos de no respetar el estado de derecho. Aquí se plantea seguir la tramitación legislativa y hay contrapesos institucionales". Asimismo, no habría condiciones para la construcción rápida de prisiones masivas, menos con las restricciones presupuestarias del gobierno.
Uno de los grandes obstáculos a la estrategia de Kast de mayor persecución, detención y condena es el alto grado de encarcelamiento. "A nivel nacional la tasa de ocupación de las cárceles es de 150 % y, en algunos casos, el hacinamiento penitenciario llega hasta un 300 %", consigna Fuentes. "No solamente no hay dónde meter más personas. Chile enfrenta un problema grave de derechos humanos en las cárceles. Hay una alta tasa de reincidencia y tenemos señales de alerta de corrupción y captura de los centros penitenciarios por organizaciones criminales", alerta Werth.
Kast visitó en enero de 2026 el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) construido por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.Alex Pena/Anadolu/picture alliance
"Si no cambian rápidamente las condiciones físicas de las cárceles, se va a reproducir el delito, porque muchos se cometen desde la propia cárcel", alerta Fuentes. Esto, además del efecto contagio de jóvenes primerizos con reos que tienen más experiencia delictiva, lo que produce un aumento de la delincuencia. Al respecto, Urquízar señala que "hay que considerar que las principales organizaciones criminales del mundo han nacido dentro de una cárcel. La cárcel hoy es nido del crimen organizado".
"Si hay una disminución de los delitos, no se va a deber solo a este plan. Atribuirlo a este plan sería injusto y además incorrecto. Chile viene desde el gobierno anterior con una agenda de seguridad, proyectos y cambios institucionales, que toman su tiempo. Ya hay algunos signos positivos", destaca Werth.
Los índices de seguridad muestran cierta mejoría en cuanto a reducción de homicidios, robos violentos e ingresos irregulares por la frontera. El ministerio de Seguridad, creado durante el gobierno pasado, debiera coordinar los diferentes organismos y avanzar en tareas pendientes en Gendarmería, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el Servicio Médico Legal, encargado de peritajes en materias forenses, y la modernización de las policías.
Ahora, la discusión pasará a Congreso, donde ya fue presentada el 10 de agosto de 2026. Sin embargo, advierte la directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, "las leyes dan el marco legal, pero después todo se juega en la implementación, y muchas de las tareas que introduce el gobierno no dependen de él, especialmente todo lo que es condena, captura e intensidad en la aplicación de penas".
(vd/elm)
